El joven Miguel Alonso Oliva de 22 años, fue asesinado por guardias de seguridad cuando el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), tomaba las tierras en la finca Boleros, que están  en posesión ilegal del terrateniente René Morales, informó el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos COFADEH.

“Urgimos de la comunidad internacional el envío de acciones urgentes al Estado hondureño a fin de terminar con esta situación precaria y difícil contra mujeres, hombres, niños y niñas que sufren el terror de los fusiles tanto de guardias de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, como del ejército y la policía, que fuertemente armados se preparan para movilizarse a la zona, con la intención de desalojar a los campesinos y campesinas que han recuperado las tierras en la margen izquierda del Río Aguán. Donde se ubican las cooperativas Suyapa del Aguán, Guanchías, Buenos Amigos, Remolino, Despertar, Trinidad, San Esteban, Quebrada Honda, Paso Aguán, El Plantel, Islas 1 y 2, Marañones y Boleros”, dice el COFADEH, mediante un comunicado público.

Los restos del joven Miguel Alonso Oliva, está siendo velado en la comunidad Guadalupe Carney, en Silín, Colón, donde decenas de compañeros y compañeras llegan a acompañar a sus familiares.

Mediante dos visitas efectuadas en el mes de julio, Amnistía Internacional documentó una serie de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos cometidos por parte de policías y militares a miembros de la población civil, entre los que sobresalen torturas, asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamientos e intimidación a los opositores del régimen de facto. Al término de estas visitas Amnistía Internacional elaboró un informe titulado Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009.

Reina Rivera, Coordinadora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, dijo que ante gobiernos de dictadura y de violaciones graves y sistemáticas a los derechos personales es la misma sociedad civil la que lidera el restablecimiento de estas garantías individuales; sin embargo, analiza que el actual proceso de amnistía decretado por el nuevo gobierno no se plantea dentro de un marco de igualdad de condiciones, ni con la debida confianza nacional e internacional.

Para Ciprodeh, el presidente Lobo Sosa, no es quien propone la amnistía para los responsables de violaciones cometidas antes, durante y después del golpe de Estado, tampoco es el autor de la creación de una Comisión de la Verdad, sino que lo hace dentro de un guión elaborado y liderado por los Estados Unidos con el Acuerdo de Tegucigalpa-San José.

Rendición de cuentas

Normalmente los procesos de rendición de cuenta forman parte de la transparencia institucional, donde al estilo Honduras los informes se presentan maquillados, tales como los reportados por la Secretaría de Finanzas.

“A nuestra ciudadanía se le deniega información certera y de calidad como para saber por ejemplo cuánto se asignó de financiamiento a la Policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir a los pobladores, cuántos efectivos tienen, cuánto se invirtió en la compra de nuevas armas, donde las compraron, quien dota las armas químicas y toletes. Indagaría sobre las prácticas, entrenamientos y órdenes civiles y militares, asesores y todo lo que implique una auditoría total de fondo”.

Rivera señala que ella confiaría más en un informe presentado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, CIDH, y por Amnistía Internacional, antes que recibir un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Interior, CONASIN.

Falta de voluntad política

El informe de Amnistía recomienda al Estado de Honduras a proporcionar reparación a las víctimas de abuso, basados en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación satisfacción y garantías de no persecución, para lo cual se requiere de la impartición de justicia por parte de jueces independientes, pero en la actual crisis política estatal, los mismos jueces independientes son víctimas del sistema de represión al grado de despedirlos de sus cargos.

La reparación, también desde el punto de vista político, el Estado debe reconocer y aceptar que cometió las violaciones a los Derechos Humanos. Por esta vía la reparación tiene un camino lleno de espinas.

Rivera dice que actualmente ninguna autoridad tiene la voluntad política de aceptar sus responsabilidades por los abusos de poder, mucho menos para efectuar una verdadera reconciliación nacional. Tal como el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, demanda la devolución de la institucionalidad del estado para que cada dependencia cumpla con su fiel mandato, el informe de Amnistía también recomienda a Honduras reforzar la Fiscalía de Derechos Humanos para verdaderamente salvaguardar la vida e integridad de los actores sociales del país.

“Obviamente las nuevas autoridades de Honduras lo que menos quieren es la impartición de la concesión de conquistas sociales y de más democracia, entonces el Ministerio Público es un hacedor del chantaje jurídico a cambio de la persecución política, así como de la permisividad de violaciones sistemática a las garantías humanas”, señala la coordinadora. Indicó que las agendas de las autoridades de facto y las entrantes no dan espacio para efectuar un monitoreo permanente o una crítica que sea tomada por alguien. “Estamos como en un diálogo de sordos”. La Resistencia es un movimiento de seria oposición gubernamental, las autoridades saben de su existencia, pero a nivel de sus discursos públicos no le dan un reconocimiento, argumentó.

La verdad, la justicia y reparación son la trilogía de los Derechos Humanos. No olvidar delitos ni dejarlos en la impunidad pide Amnistía Internacional.

Blanca Jeannette Kawas, sigue en nuestros recuerdos, por ser una víctima más de la impunidad que impera en nuestro país. Jeannette dedicó muchos años de su vida a cuidar la naturaleza y por eso fue asesinada a balazos el seis de febrero del año 1995 en su casa de la ciudad de Tela, Atlántida. Era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE).

Por este asesinato, el Estado hondureño fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación del derecho a la

Libre Asociación en perjuicio de Blanca Jeannette Kawas Fernández. La condena establece que el Estado violó el derecho a la Libertad de Asociación reconocido en el artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Kawas.

Asimismo, violó el derecho a la vida reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Kawas, en los términos de los párrafos 72 a 108 de la presente Sentencia. También, se violó el derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5.1 de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los padres, hermanos de hijos de Jeannette Kawas.

La CIDH encontró culpable al Estado hondureño, por lo que debe concluir

los procedimientos penales o iniciar los correspondientes, por los hechos que generaron las violaciones a los derechos humanos en el caso de Jeannette Kawas, señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

CIDH, emitida el 03 de abril del año pasado.

El Estado de Honduras en un plazo de dos años deberá realizar el levantamiento de un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. El Estado debe ejecutar en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, hasta el momento el Estado no ha cumplido con lo que ordena la Corte Interamericana.

El Estado también debe brindar por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico a los familiares de Kawas: Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan.

La sentencia señala que el Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, además de la indemnización correspondiente a sus familiares.